El deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los agricultores europeos choca con el notable aumento de las exportaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea. En plena campaña de protestas de los agricultores, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, expuso el 12 de febrero ante el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo un panorama fantástico sobre la situación agraria. “El sector agroalimentario es una potencia exportadora”, dijo. “Los alimentos y bebidas europeas son una historia de éxito en el mercado global. Tenemos un superávit comercial de unos 60.000 millones de euros. El crecimiento de las exportaciones es muy dinámico y el superávit comercial se amplia año tras año”.
Dombrovskis remató con abundantes datos sobre el buen resultado del acuerdo comercial entre la UE y Canadá, denominado CETA, que anteriormente había propiciado muchas críticas, pero que en su opinión había proporcionado importantes ganancias entre 2018 y 2022. “No solo hemos logrado ganancias en productos lácteos”, afirmó, “sino que la UE se ha convertido en exportador neto de carne de vacuno y aumentado el superávit de cerdo”.
Son datos relevantes pero que ofrecen una imagen muy sesgada del sector y contrastan con el profundo malestar de agricultores y ganaderos por la falta de viabilidad económica de sus explotaciones. Un buen indicador del empobrecimiento del campo es el continuado abandono de los agricultores tras la ruina económica de sus explotaciones, que se refleja también en la falta de relevo de los agricultores mayores. Las cifras son elocuentes. El número de explotaciones agrarias en la UE se ha reducido en un 37% entre 2005 y 2020. Durante este periodo han desparecido 5, 3 millones de explotaciones, un 87% de las cuales son inferiores a cinco hectáreas.
Fondos de inversión
La realidad es que el campo europeo registra una profunda transformación. Al mismo tiempo que desaparecen millones de explotaciones familiares gestionadas por personas físicas, crecen las administradas por empresas con distintas formas legales, muchas de ellas participadas por fondos de inversión. Entre 2005 y 2020, las explotaciones con forma de sociedades han aumentado en un 25% y superan ya las 400.000 entidades, según Eurostat. En este periodo la superficie útil cultivada apenas ha variado, lo que evidencia una fuerte concentración.
Lo más inquietante de esta intensa transformación económica y social es el envejecimiento de los gestores de las empresas familiares, que en un 33,5% superan los 65 años. Por otra parte, se constata que sólo un 6,5% de los agricultores son menores de 35 años.
En España los indicadores son también preocupantes. El número de explotaciones ha registrado un notable descenso de alrededor de 375.000 entidades en los 20 primeros años de este siglo, lo que significa una reducción del 29% de las 1.289.451 existentes en 1999.
Todos estos datos ponen al descubierto que los extraordinarios resultados de las exportaciones que exhiben las autoridades comunitarias resultan un espejismo para la mayoría de los agricultores. La realidad es que la Política Agrícola Común (PAC), que nació en 1962 pata proteger a los agricultores y asegurar el suministro de alimentos a precios razonables tras las hambrunas de la Segunda Guerra Mundial, requiere una profunda modificación. Su impulsor, el comisario Sicco Mansholt, miembro de la resistencia en Países Bajos, estableció un sistema en que los precios de los productos agrícolas fueran fijados por los Estados y no por los mercados.
Ese modelo resolvió las necesidades de los años críticos, pero propició unos excedentes excesivos y tuvo que ser reformado. Las sucesivas reformas de la PAC han conducido a un creciente dominio de los mercados globales en los que los agricultores pequeños y medianos carecen de capacidad de negociación. Las subvenciones comunitarias que en un 80% van al 20% de las explotaciones o agricultores más ricos no contribuyen a estabilizar las pequeñas y medianas explotaciones.
Las movilizaciones han despertado a las autoridades comunitarias y nacionales que se han visto obligadas a importantes rectificaciones de la PAC, pero que todavía son insuficientes. La producción agrícola no puede ser regulada solo por los mercados. Precisa protección si se quiere garantizar una alimentación suficiente y segura, respetar el medio ambiente y evitar la despoblación de amplios territorios.
