La larga marcha de la Europa social
Los objetivos sociales de la Unión han afrontado muchos obstáculos y han ido siempre por detrás de los económicos y financieros
La política social de la Unión Europea se ha desarrollado con mucho retraso en relación con otros objetivos, como han sido los económicos y monetarios. En el Tratado de Roma de 1957 las cuestiones sociales estaban limitadas a la movilidad de los trabajadores, la formación profesional y la igualdad entre hombres y mujeres. En aquel momento, como recordó Jacques Delors en 1996, “la principal ambición de la Comunidad era la construcción de un amplio espacio de paz y de prosperidad fundado sobre la cooperación política y económica”.
La política social ha sido durante muchas décadas una competencia relegada a los Estados. Y esto explica que haya diferencias tan notables dentro de la Unión entre los países nórdicos más protectores y con políticas distributivas más sólidas que los países del Sur.
La construcción no ha sido fácil. Hay que tener en cuenta que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), creada en 1973, apostó desde su nacimiento por un europeísmo crítico. “La CES constituye un proyecto de contrapoder frente a las instituciones comunitarias y las patronales europeas, como lo son los sindicatos de cada país en relación con sus empresarios y gobiernos”, sostienen los sindicalistas Juan Moreno y Emilio Gabaglio en El reto de la Europa social, (Germania, 2006).
La vía del Consejo de Europa
La historia de la Europa social transcurre por un camino abierto por las instituciones europeas, principalmente la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, hay otra vía, con orígenes previos y con menos difusión pero con una creciente trascendencia en la defensa de los derechos. Esta vía se inicia con la primera reunión fundacional de la unificación europea después de 1945, en el Congreso celebrado en La Haya en 1948, que creó el Consejo de Europa. Como ha recordado Timothy Garton Ash en Europa. Una historia personal (Taurus, 2023), se trata de una institución que encarna de manera más directa las aspiraciones de posguerra de construir una Europa mejor, más europea, con libertad, democracia, gobierno de la ley, respeto a la dignidad humana y derechos humanos. Esta Europa nos ha dado instituciones tan valiosas como la Convención Europea de Derechos Humanos (1950) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1959). Un fruto destacado de esta vía paralela es la Carta Social Europea (Turín, 1961), que constituye un referente esencial de los derechos sociales y al que miran cada vez con más interés las instituciones comunitarias.
Diálogo social en 1985
En el marco de la Comunidad Económica Europea, el diálogo social inició sus primeros pasos en el llamado proceso de Val Duchesse (Bélgica) en 1985, impulsado por el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, y en el que participaron los sindicatos y las patronales. Durante esta etapa se adoptó la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (1989), que fija los grandes principios sobre los que se basa el modelo europeo de derecho laboral. Se refiere, entre otros ámbitos, a la libre circulación de los trabajadores, a las retribuciones, a la protección social la igualdad entre hombres y mujeres y a la participación de los trabajadores.
En 2000 se aprobó la Carta los Derechos Fundamentales de la UE, referencia obligada de los derechos sociales europeos. La CES intervino activamente en su elaboración.
El protocolo de Maastricht
Después de siete años de diálogo social, el terreno estaba maduro para la puesta en práctica del protocolo social adoptado en el tratado de Maastricht en 1992. Fue otro peldaño decisivo. En 1993 la Comisión de Delors presentó al Consejo Europeo de Bruselas el Libro blanco Crecimiento, competitividad, empleo. El documento incluyó una clara apelación a “una nueva solidaridad: entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, entre los que obtienen sus ingresos del trabajo y los que los obtienen de las inversiones”.
La posición de la CES ante el Tratado de Maastricht fue un sí crítico. “Defendimos la moneda porque era necesaria, y valoramos los escasos avances políticos, y sobre todo la novedad del Protocolo Social, pero señalamos bien todo lo que no nos gustaba”, apuntan Moreno y Gabaglio.
Fin del contrato social europeo
En cierta medida, como señaló Javier Doz, miembro del Comité Económico y Social Europeo por CC OO, en La crisis del diálogo social europeo (2016), “coincidiendo con la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa, como hemos visto, se iba contracorriente”. La ola neoliberal empezó con Margaret Thatcher en Reino Unido (1979) y Ronald Reagan en EE UU. Eran unas ideologías cada vez más influyentes con un fuerte contenido antisocial que cuajaron con el llamado Consenso de Washington en 1989. Fue la doctrina aplicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial caracterizada por la desregulación, privatización de las empresas estatales y debilitación del papel del Estado en la economía.
La etapa social en Europa terminó a principios del siglo XXI. Según Doz, “las patronales europeas manifestaron desde 2000 un nulo interés en seguir promoviendo, a través del diálogo social bipartito, directivas laborales o sociales europeas”.
La crisis financiera de 2008 produjo estragos directos a los millones de trabajadores que perdieron sus empleos y sus viviendas. Al mismo tiempo, profundizó el deterioro del modelo social europeo agravado por las políticas de austeridad impuestas por Angela Merkel desde Alemania.
El TJUE y la libertad de empresa
Un decepcionante síntoma de esta etapa fueron las lamentables sentencias del TJUE (Laval, Vicking, Rüffert y Luxemburgo) a partir de 2007, que establecieron la primacía de la libertad de establecimiento de las empresas sobre los derechos laborales y sindicales.
Es significativo que en 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictara la sentencia Holship, en la que por primera vez estableció que la libertad de asociación prevalece sobre la libertad económica; lo contrario que había fijado el TJUE. En 2014, el TJUE expresó serias dudas sobre la aplicación de las sentencias del TEDH. El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, manifestó en noviembre de 2021: “Actualmente están en curso las negociaciones sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. La negociación sigue.
Vuelven los principios sociales
Hubo que esperar hasta 2017, con la proclamación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales en la cumbre de Gotemburgo (Suecia), para que estos principios volvieran a ser un objetivo prioritario de la UE. El Pilar identifica 20 principios que se refieren a aspectos tan relevantes como la rentas mínimas, salarios, la igualdad de género, el diálogo social y la salud. Pero se trata solo de recomendaciones. No obstante, como ha señalado Arnaud Lechevalier en un reciente artículo publicado por el Instituto Veblen, el Pilar no pudo por sí solo, cambiar sustancialmente la trayectoria de la UE. “Para ir más allá, la UE debería avanzar hacia una verdadera unión presupuestaria y fiscal, y la dimensión social debería integrarse en todas las políticas de la UE, en particular en la supervisión macroeconómica y presupuestaria, en lugar de ser considerada un pilar social subordinado”, afirma Lechevalier.
De todas formas, el giro social dado en los últimos años ha propiciado la aprobación de importantes directivas como las de salarios mínimos (2022), y la de trabajadores de plataformas digitales (2024). También fue relevante la aprobación del Instrumento SURE (98.400 millones de euros) para aliviar la situación de los trabajadores parados durante la pandemia y que se vislumbra como el embrión de un seguro de paro europeo.
El proyecto social registró un nuevo impulso con la Declaración de La Hulpe, celebrada el pasado 16 de abril en Bélgica. La declaración insiste en hacer efectivos los 20 Principios del Pilar Europeo. Es significativo que, además de los tratados y acuerdos europeos, se apoya en en la Carta Social Europea del Consejo de Europa y en la Declaración sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
