Sin Presupuestos, la agenda social queda en el aire

Un gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”. Lo dijo Pedro Sánchez en febrero de 2018 ante la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy tuviera que prorrogar las cuentas del Estado, algo que no acabó sucediendo. Seis años después, el propio Sánchez ha optado por prorrogar los Presupuestos de 2023 con el argumento de que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña complicaba en exceso la negociación con los partidos que dan soporte al Ejecutivo en el Parlamento.

Puede que renunciar a la principal herramienta de política económica no sea una catástrofe, pero sí resta margen de maniobra al Gobierno para sacar adelante su agenda social. La mejora de la atención a los sectores más desfavorecidos de la población ha sido precisamente uno de los ejes de la acción de Gobierno y una de las banderas electorales de sus dos socios, PSOE y Sumar.

Vivienda, dependencia y becas

La primera consecuencia de no tener nuevos Presupuestos es que gasto público será más restrictivo de lo previsto, lo que limitará la capacidad del Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos para financiar su actividad. Las partidas destinadas a ayudas a la vivienda, a la dependencia y a becas deberán ceñirse a las cuentas del año pasado si no se adoptan medidas extraordinarias. También han quedado en el aire inversiones en infraestructuras y otras medidas pactadas durante las negociaciones del acuerdo de investidura.

La prórroga presupuestaria no ha gustado a Sumar, cuyos dirigentes preferían seguir negociando hasta el final. Al socio del PSOE en el Gobierno le preocupa que el Indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples (IPREM), referencia para calcular un buen número de prestaciones sociales, haya quedado congelado. Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía del grupo parlamentario de Sumar y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, opina que no haber renovado las cuentas es “un grave error en plena transición verde y revolución digital y dada nuestra alta tasa de paro y el infradesarrollo de nuestro tejido productivo”. Según sus cálculos, la falta de cuentas nuevas obligará a recortar el gasto público en al menos 23.000 millones de euros, lo que ralentizará el crecimiento económico.

Hay precedentes

Según el artículo 134 de la Constitución, los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente si no hay unos nuevos el 1 de enero. De hecho, los actuales estaban ya prorrogados ante la imposibilidad de tramitar unos nuevos en otoño, como establece la ley, debido a que las negociaciones para la investidura se prolongaron hasta el mes de noviembre.

Las cuentas del Estado se han prorrogado hasta en siete ocasiones desde el regreso de la democracia. El propio Sánchez tuvo que gobernar durante dos años, en plena pandemia, con los Presupuestos de 2018, elaborados por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno de Rajoy.

De nuevo en la misma tesitura, el Gobierno deberá emplearse a fondo para sacar adelante sus compromisos. No será fácil negociar con sus socios parlamentarios en un año plagado de citas electorales que no se presenta precisamente propicio para el consenso. Habrá de hacer encaje de bolillos, por ejemplo, para aumentar el gasto militar sin mermar en exceso el gasto social y reducir déficit público al 3% del PIB, como prevén las nuevas normas fiscales europeas. No está clara cuál será la fórmula para acercarse al objetivo de destinar a la defensa el 2% del PIB y cumplir así el objetivo marcado por la OTAN en plena guerra de Ucrania, algo con lo que no están de acuerdo Sumar y Podemos.

Complicado va a ser también completar la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica. El Gobierno tiene la intención de hacerse con el 10% del capital para contrarrestar la compra de una importante participación en la compañía por parte de la empresa pública de telecomunicaciones de Arabia Saudí. También está pendiente la concesión de nuevos incentivos fiscales a la adquisición de vehículos eléctricos, una cuestión en la que España marcha muy por detrás de la gran mayoría de los socios europeos.

Otro asunto que quedará sujeto a la negociación en el Congreso es la condonación de la deuda de 60.000 millones de euros adquirida por las comunidades autónomas con el Estado. Se trata de un compromiso alcanzado con los socios nacionalistas catalanes durante las negociaciones de investidura y que iba incluido en el proyecto de Presupuestos frustrado.

Impuesto a las energéticas

Para modificar los Presupuestos de 2023, el Ejecutivo tiene la opción de recurrir a la figura del decreto ley, que no necesita el visto bueno del Parlamento para entrar en vigor. Esta puede ser la vía para revisar el impuesto extraordinario a las compañías energéticas, medida que el Gobierno tenía intención de incluir en los Presupuestos tras la amenaza de Repsol de congelar hasta 3.000 millones de inversiones en España.

Sí está garantizada la revalorización de las pensiones en línea con la inflación para el año que viene, pues así lo contempla la ley. Tampoco está en peligro la subida de los salarios de los funcionarios, pues ya estaba previamente pactada con los sindicatos para el periodo 2022-2024.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que la prórroga presupuestaria no va a frenar la ejecución de los fondos europeos Next Generation y dice estar convencido de que se cumplirán el objetivo de déficit del 3% y el resto del cuadro macroeconómico presentado en Bruselas. Los cálculos gubernamentales incluyen un crecimiento del 2% del PIB para este año, tras una subida del 2,5% en 2023.

Volviendo a la analogía de Sánchez, el coche no se ha quedado sin gasolina, pero sí deberá funcionar con medio depósito durante todo el año. Tras la decisión de prorrogar las cuentas, el Gobierno trabaja ya en los Presupuestos de 2025. Del éxito de las negociaciones para elaborarlo va a depender que el coche empiece el año con el depósito lleno.