El acoso sin precedentes que sufre el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Sumar por parte de patronales, amplios sectores de la magistratura, la derecha del PP y la extrema derecha de Vox no tiene precedentes en nuestra historia democrática. El nuevo Ejecutivo es el fruto de unas elecciones exquisitamente limpias y de una mayoría parlamentaria. Estamos ante una situación verdaderamente preocupante como es el hostigamiento diario durante varias semanas de numerosas sedes socialistas. La cuestión esgrimida en las protestas es el rechazo a la amnistía propuesta por un Gobierno legítimo que, en todo caso, deberá aprobar el Congreso de los Diputados, a los implicados en el procés por la independencia de Cataluña. Es una amnistía que exigió el pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
Las dudas sobre la validez de la ley orgánica que regulará la amnistía solo pueden y deben ser despejadas por el Tribunal Constitucional y las instituciones europeas. Cuanto antes lo decidan, mejor. Recurrir a otros medios es la mayor contradicción en la que están incurriendo jueces, políticos y empresarios y un serio golpe al buen funcionamiento de las instituciones del Estado social y democrático que define la Constitución.
El Gobierno, por su parte, debe afanarse en desarrollar cuanto antes su prometida agenda social. Los esfuerzos por encauzar la grave crisis política territorial en que había caído el país no deberían retrasar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida que están esperando millones de ciudadanos. La adopción de decisiones en asuntos vitales como la vivienda, la precariedad laboral de los jóvenes y la cronificación de la pobreza infantil deberían constituir la columna vertebral de la acción del Gobierno.
Ingreso mínimo vital
La pobreza infantil, que afecta al 27,8% de los niños, niñas y adolescentes y que sitúa a España con los niveles más altos de toda la Unión Europea, debería constituir la principal prioridad del Gobierno. Esta situación se ha paliado, en parte, por la implementación del ingreso mínimo vital, que según el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha alcanzado a 690.214 hogares en los que viven 2.013.439 personas, de los que el 43% son menores. De todas formas, hay dudas en la contabilización de los beneficiarios al no precisar si se trata de hogares que en algún momento han recibido la ayuda o si realmente se trata de beneficiaros permanentes.
En el ámbito de la vivienda, las medidas adoptadas en los últimos años han supuesto un avance significativo al pasar de un presupuesto de inversión pública de 500 millones de euros en los años de los Gobiernos de Mariano Rajoy a 3.472 millones en 2023. Sin embargo, las necesidades siguen siendo abrumadoras debido al enorme déficit de vivienda social acumulado durante muchos años. El problema de la vivienda asequible afecta a 4,5 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial.
La intensificación de las políticas sociales más comprensibles y palpables por los ciudadanos puede contribuir a facilitar un acuerdo sobre la financiación autonómica. El sistema actual, acordado en 2009 y con una validez de cinco años, está sin renovar desde 2014. El acuerdo en esta materia es fundamental, pues son los Gobiernos autónomos los que gestionan una parte significativas de las competencias en materia social.
La Constitución estableció un modelo autonómico con muchas características de los Estados federales que ha sufrido crecientes deficiencias de financiación debido, en buena parte, a un mayor aumento de las necesidades sociales como consecuencia de las sucesivas crisis de los últimos años. La propuesta de condonar una parte de la deuda a Cataluña y a todas las comunidades que lo soliciten puede ser un mecanismo práctico para empezar a equilibrar las cuentas públicas de las administraciones autonómicas.
Abordar una política social más justa implica disponer de más recursos. El presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado su propósito de aumentar los impuestos a las grandes empresas con más beneficios y a los más ricos. La justicia fiscal debe ir de la mano de la justicia social.
En la nueva etapa resultarán fundamentales los acuerdos con los sindicatos para abordar las transformaciones digital y energética que precisa la economía española en un momento en que el entorno internacional está registrando un progresivo deterioro.
